En los últimos 18 meses ya hubo 12 casos de pornografía infantil en la región

Durante 2018, en el departamento judicial de La Plata (que abarca 14 partidos – Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, General Paz, La Plata, Lobos, Magdalena, Monte, Presidente Perón, Punta Indio, Roque Pérez, Saladillo y San Vicente- fueron investigadas por la Policía Federal 14 causas de Delitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes, una figura judicial que engloba situaciones de grooming, pedofilia, pornografía infantil, facilitación de la prostitución de menores, trata de menores y Abuso Sexual. Cinco de esas investigaciones fueron esclarecidas; el mismo número que de enero a junio, pero de 2019. Los casos de pornografía infantil fueron, en los últimos 18 meses, 12.

La listas mencionadas tienen en común dos circunstancias salientes. La primera es que el grupo que pesquisó cada una pertenece a la misma fuerza, la Delegación La Plata de la PFA. Por otro lado, todas las causas pertenecen a dos Unidades Fiscales de Investigación, la Nº 15, a cargo de Cecilia Corfield; y la Nº 8, cuyo titular es Hugo Tesón.

Las razones de esa suba en la cantidad de casos por delitos relacionados con la pornografía infantil, no tendría una vinculación directa con el delincuente en particular. En esa línea, una de las fuentes consultadas por este medio resaltó que “se observa más organización, metodología y dedicación”, tanto de los fiscales como de los encargados de llevar a cabo la pesquisa.

Esa afirmación tiene asidero en una realidad expuesta por las nuevas tecnologías: el acceso irrestricto a Internet y la “Web Profunda”, las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea; herramientas utilizadas por las redes de pornografía infantil que operan en todo el mundo.

El panorama pareciera exagerado, pero no lo es en absoluto. En 2018, la “Internet Watch Foundation” -una organización que vigila que los distintos tipos de contenidos que circulan por la Red sean apropiados- eliminó 78.589 páginas web de diversos países por promover la temática, ya sea con fotos y/o videos.

Para combatir esos grupos en un terreno tan desigual, es indispensable “estar preparado y ser prolijo en los procedimientos investigativos”, aportó un especialista.

“DIFÍCIL DE PROBAR”

Si bien cada hecho tiene su particularidad, el protocolo de investigación es similar para todos. Una vez recibida la denuncia, se llevan a cabo distintas tareas de campo con el fin de identificar la locación desde donde se comete el supuesto delito y establecer la dirección de IP utilizada, con las indicaciones de fechas y horarios, además de todo tipo de información del usuario.

Una vez que consiguen determinar con las pruebas obtenidas que en ese lugar se está cometiendo una actividad ilícita, la información obtenida es remitida al fiscal de turno, para que habilite el allanamiento. Sin embargo, un investigador reveló a este medio que “la tenencia de pornografía infantil con fines de distribución es muy difícil de probar”.

Por otro lado, también está la cuestión judicial. “Muchas veces las fiscalías están saturadas y no se le puede dar carácter de urgente a lo que verdaderamente lo es”, explicó una fuente. A esa situación debe agregarse la falta de organización. Por ejemplo, una pesquisa con resultado positivo por un caso particular, que vuelve a ser requerida para ser trabajada por otra fuerza y arroja la mismo conclusión.

“Además están las trabas burocráticas y legales que no permiten agilizar el accionar de los fiscales y de los policías, pero eso ya es un tema legislativo que vemos muy difícil se solucione en el corto e incluso el mediano plazo”, añadió el portavoz.

78.589 es el número de páginas web que borró de la Red la organización “Internet Watch Foundation”, que vigila que los distintos tipos de contenidos que circulan por la Internet sean apropiados y no contengan imágenes y videos sensibles o relacionados con la promoción de la pornografía infantil.
Fuente: Diario El Día.
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